Se trata de una reacción en cadena contra el régimen de información que exige dicha norma ya que vulnera los deberes y derechos profesionales de los asesores fiscales.
Desde nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas informamos a la matrícula y a la sociedad en general el inicio de un reclamo administrativo para solicitar la derogación de la Resolución General 4838 (B.O. 20/10/2020) mediante la cual la Administración Federal de Ingresos Públicos dispuso la implementación de un “Régimen de Información de Planificaciones Fiscales (nacionales e internacionales)”. Dicho reclamo fue realizado por los otros 23 Consejos con los que formamos la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
En nombre de nuestros
matriculados, consideramos que estas acciones resultan legítimas y necesarias por
cuanto la implementación del Régimen Informativo atenta contra el derecho/deber
del secreto profesional al poner la obligación de informar en cabeza de los
asesores fiscales, además de afectar el ejercicio profesional y el desarrollo
de la actividad lícita.
Resulta inadmisible a la ética profesional que la AFIP
pretenda colocar al profesional que asesora en temas de derecho tributario como
sujeto obligado a develar información obtenida con motivo de su vínculo
profesional. Este acto administrativo de carácter general conduce a traicionar
la confianza en el profesional.
La obtención de pruebas de
evasiones o infracciones impositivas, objetivo último de los regímenes de
información fiscales, debería ser alcanzada mediante el accionar previsto en
las normas de procedimiento tributario,
respetuosas de los principios constitucionales.
La AFIP, como órgano inserto
dentro del ámbito de actuación del Poder Ejecutivo, debe circunscribir su
función a una actuación administrativa conducente a que las leyes tributarias
se cumplan, fiscalizando e investigando con el propósito de conocer la verdad
de los hechos, y tal función discrecional no puede rebasar los límites de la
racionalidad, estando subordinada a los principios que prohíben la
arbitrariedad.
Atento a que las
disposiciones de la RG 4838/2020 violentan en forma flagrante principios
constitucionales básicos, desde nuestro Consejo Profesional de Ciencias
Económicas, impulsamos estas medidas para resguardar a nuestros matriculados y sus
derechos que consideramos transgredidos.